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La externalización del servicio de limpieza municipal de Lucena continuará con un nuevo contrato, de nueve años, y que pretende ampliar la plantilla de operarios dedicados a las labores en el viario público.

La previsión de gasto anual, reflejada en la futura licitación, superará los 1,1 millones, en conceptos de gastos de personal, bienes corrientes y servicios, amortizaciones o imprevistos.

El Pleno, en primera instancia, aprobaba en la noche del miércoles, con los votos en contra de PSOE e IU, y la posición afirmativa del resto de concejales, las preceptivas estructura de costes y revisión de precio.

Este contrato supondría el mayor desembolso comprometido por el Ayuntamiento, en un tiempo más prolongado.

El equipo de gobierno defendió el afianzamiento de este modelo en la eficacia de esta fórmula que, según argumenta, complementa al organigrama de trabajadores estructurales del Consistorio.

Para Javier Pineda, concejal de Servicios Operativos, y quien defendió la estricta legalidad de este expediente, resulta imposible atender oportunamente a la totalidad de los barrios de Lucena con los actuales recursos humanos. El concejal popular afirmó que, desde hace 15 años, el personal es insuficiente.

El concejal popular incidía “en la forma práctica de ejecutar el servicio de limpieza” y puntualizaba que “no venimos a sustituir, sino a complementar el deficiente servicio” porque “con 25 personas es imposible llegar a todos los barrios y zonas urbanas de la ciudad”.

Izquierda Unida, en línea con su tesis de abanderar la gestión directa de los servicios públicos, se opuso frontalmente a esta propuesta porque redundará, a juicio de esta formación política, en debilitar las condiciones laborales de los trabajadores; así como un aumento de los costes, para satisfacer a la adjudicataria; y menor transparencia.

Desde el PSOE, reclamaron, sin éxito, la retirada del punto, por adolecer de defectos formales y administrativos, como la ausencia de un expediente acreditativo o la vulneración de la obligación de tramitar conjuntamente las alternativas y la viabilidad.

Miguel Villa, de Izquierda Unida, calificaba de “escandaloso” este proceso por la “precarización” de las condiciones laborales que, a su juicio, conlleva. Además, aludía a que “se hipoteca” el “futuro” de “dos corporaciones”.

Posteriormente, el edil del PSOE, Francisco Algar, sostenía que, de nuevo, se opta por “imponer en vez de consensuar” porque “no hubo ni una reunión previa”. Abundaba en que “adolece de muchos defectos” que “lo hacen nulo”.

Varios operadores económicos del sector han aportado su valoración a la estructura de costes.

Los pliegos de condiciones del próximo contrato, actualmente, se encuentran en la fase de redacción. La propuesta ha de remitirse a la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía.